Expertos de la Fundación CIVES y la Universidad Carlos III han elaborado una propuesta sobre Educación para la Ciudadanía, donde apuestan porque esta asignatura se imparta en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato.
La Fundación Educativa y Asistencial CIVES y la Cátedra de Laicidad y Libertades Públicas Fernando de los Ríos del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III han remitido al Ministerio de Educación y Ciencia una propuesta sobre la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía.
Durante la presentación del documento, Alejandro Tiana calificó la iniciativa de “muy pertinente”, anticipó que su Departamento la “analizará y debatirá”. Mientras que Victorino Mayoral expresó que “todas las sociedades transmiten valores, a través de la educación” y que el Estado “no está vacío de valores, ya que están en la Constitución”. Para el presidente de la Fundación CIVES, la finalidad es “formar conciencias libres”, introduciendo en el sistema educativo la educación cívica. Esta propuesta plantea educar a los alumnos en el “mínimo común ético de todos los ciudadanos, no sólo desde el punto de vista teórico, sino práctico, en una sociedad cada vez más plural moral, religiosa y culturalmente, que constituye un reto para la sociedad”.
Patriotismo constitucional
Por su parte, Dionisio Llamazares, titular de la Cátedra de Laicidad y Libertades Públicas de la Universidad Carlos III, puntualizó que esta propuesta pretende “condensar lo que se entiende por patrimonio común de valores, compartido y asumido por todos, desde las primeras etapas de la formación”. Este catedrático precisó que el concepto de “patriotismo constitucional”, en que se basa el proyecto, no se deriva del concepto decimonónico del patriotismo, sino de una expresión del filósofo alemán Jürgen Habermas, que especifica que la patria no es una demarcación geográfica, ni el origen familiar, sino el acuerdo de “unos valores cívicos y las normas de comportamiento y convivencia para vivir en paz y respeto a los valores diferentes, siempre que no entren en contradicción con los comunes”.
Materia obligatoria
En un intento de dar respuesta a los temas más conflictivos de la sociedad, como la violencia y, especialmente, la de género, la relación de los estudiantes con los medios de comunicación social, el ocio, el medioambiente o la educación vial, esta asignatura se impartiría en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato de forma obligatoria. Llamazares subrayó que “tenemos la convicción profunda de la necesidad de una materia, ya que no basta con lo que determinaba la LOGSE como transversalidad, que favorecía la creación de hábitos, pero se trata de un programa que recoja los conocimientos y la reflexión profunda sobre los conceptos”.
No obstante, Alejandro Tiana aludió a la resolución del Consejo Escolar del Estado que respaldaba mantener la transversalidad para la Educación para la Ciudadanía, en lugar de crear una asignatura específica, pero señaló que en el seno de este órgano se habían producido opiniones discrepantes en este tema.
De igual modo, Victorino Mayoral declaró “no estimamos que la opinión del Consejo Escolar del Estado sea contraria a la existencia de una Educación para la Ciudadanía, sino del planteamiento de diversos enfoques. Además, se mostró partidario de “la concreción de esa transversalidad, a través de la creación de la asignatura”.
Formación específica
En cuanto a la formación del profesorado que impartiría esta materia, el secretario general de Educación reveló que aún no está decidido, pero citó el precedente de la asignatura de Etica de 4º de Secundaria que corresponde a profesores de Filosofía. Victorino Mayoral aseguró que el sistema educativo tiene recursos humanos para abordar esta materia y rechazó las críticas de que se tratara de “un intento de adoctrinamiento”, subrayando que supone todo lo contrario, que se concreta en “generar en los alumnos la capacidad crítica para evitarlo”.
Alejandro Tiana explicó que esta asignatura estaría equiparada a cualquier otra del currículum, con un horario que establecerían las comunidades autónomas, sobre el mínimo que determina el MEC, así como el contenido básico, impartido en los centros públicos, por un profesorado que ha superado unas oposiciones de competencia, sin valoraciones ideológicas, mientras que en los privados, el profesorado es responsabilidad del titular del centro.
lunes, 24 de abril de 2006