Las medidas anunciadas por el gobierno de Rodríguez Zapatero para hacer frente a la crisis van dirigidas solamente a reducir el déficit público del Estado y así contentar las demandas del FMI y la UE para favorecer la recuperación de los mercados financieros.

Las medidas se concretan en reducir los salarios de los funcionarios, algunos gastos sociales, inversiones en infraestructuras, congelar las pensiones de los jubilados y poca cosa más. En general, son un despropósito, pues si bien reducirán el déficit de las cuentas públicas, por otro lado también mermarán sus ingresos al reducirse el consumo de la población a través de la reducción de salarios y no servirán para crear más ocupación y reactivar la economía.

Una oportunidad del gobierno para encontrar soluciones socialmente progresistas a la crisis, sería, entre otras posibles, reducir recursos del gasto militar para destinarlos a la economía realmente productiva, aquella que está ligada al desarrollo, a través de la salud, la educación y el crecimiento económico. Por ejemplo, sólo haría falta anular algunos de los gastos militares más inútiles, sobre todo los destinados a inversiones en nuevos armamentos para liberar recursos y hacer frente al déficit público así como para crear más ocupación.

En el Estado español el gasto militar del año 2010 está previsto sea de 18.000 millones € (50 millones € al día), de los cuales 2.414 millones € irán destinados a inversiones, en su mayoría para adquirir nuevos armamentos; en I+D se dedicarán 1.182 millones € en ayudas a industrias militares para investigar nuevos tipos de armas. Entonces, el Gobierno lo tiene bien fácil, sólo haría falta suspender las ayudas en I+D y la adquisición de algunos de los grandes proyectos, como por ejemplo el avión de combate EF-2000, el helicóptero Tigre, el avión A400M, el submarino S-80, o el blindado Leopard, con un coste global, de aquí a que finalicen los proyectos de 15.000 millones €. También podría retirar las fuerzas militares del exterior, especialmente las destinadas en la guerra de Afganistán, que el año 2009 tuvieron un coste de 713 millones € y que este año superarán más de 1.000 millones habida cuenta que se ha ampliado en 500 soldados el número de tropas a desplegar.

Otra cuestión es el número de fuerzas armadas de que dispone el Estado, este año se aspira llegar a 130.000 efectivos, y el objetivo es incorporar cada año entre 2000 y 4000 hasta llegar a los 170.000 efectivos. La crisis abre la oportunidad para un debate sobre cuáles son los peligros y las amenazas que sufre la sociedad española para mantener un ejército sobredimensionado, y adaptarlo a las necesidades reales de la defensa del país. Un ahorro en este terreno pasaría por no incrementar con más soldados este año 2010, y planificar una reducción de tropas a partir del año próximo hasta una cifra más razonable de 50.000 efectivos.

Unas reducciones presupuestarias de este tipo permitirían liberar del orden de 8.000 millones € anuales al Estado, e irían por el camino iniciado por otros países europeos. Primero fue Grecia que anunció una reducción del gasto militar de 1.000 millones € para este ejercicio. Y ahora Angela Merkel acaba de anunciar un plan de ajuste para Alemania en el que incluye una reducción de 40.000 efectivos de sus fuerzas armadas en los próximos cuatro años. Italia y Francia han suspendido algunos proyectos militares.

Alguien aducirá que eso es arrojar más gente al paro (soldados y trabajadores de industrias militares). No si se planifica una conversión de las industrias hacia la producción civil y a los militares se los recoloca en la administración en servicios civiles. Ahora tenemos una Unidad Militar de Emergencias, pues se convierte en una Unidad Civil de Emergencias y se convertirá en más eficiente y más barata, pues no llevarán armas.

Una cuestión que se acepta de manera generalizada desde el ámbito político y económico más ortodoxo, es que el aumento de recursos destinado a gasto militar es una inversión productiva en términos de eficiencia económica. Falso, el gasto militar entorpece el crecimiento de la economía productiva. De una parte, porque genera endeudamiento público, el cual comporta inflación al impedir que se generen ingresos en las arcas públicas; por otra, porque impide que recursos monetarios, de bienes de equipo, de conocimientos tecnológicos y de mano de obra improductiva que consumen los ejércitos y la producción de armamentos, que destinados al sector civil generaría mayores beneficios, a través de los denominados “costes de oportunidad”.

A lo que cabe añadir, la dependencia y subordinación de la industria militar del Ministerio de Defensa de los estados, lo cual hace que las industrias militares no desarrollen preocupación por el control de costes, no produciendo economías de escala y encareciendo el precio final del arma, que sea cual sea su coste acabará siendo igualmente adquirida por el estado. Esto ocurre en el sector militar industrial español, dónde no hay competencia, ni control sobre costes. Un par de ejemplos: el avión EF-2000 tenía un coste inicial de 6.263 millones € hoy es de 10.795; y el avión A400M con un coste inicial de 4.442 millones €, ahora España deberá contribuir con 550 millones para financiar los gastos suplementarios (4.000 entre España, Alemania, Francia y Turquía) que los atrasos han producido. Ambos aviones fabricados por Airbus Military obedecen a cuestiones de estrategia política, pero no tienen ninguna de racionalidad económica.

Así, una parte de los recursos que se tendrían que destinar al desarrollo real y crear riqueza desde el sector civil, se dedican a un servicio público de ineficiencia económica y social. Esta inercia de considerar las fuerzas armadas y el gasto que ocasionan, como un servicio social y económicamente productivo hace falta que sea revisada. Y la crisis es una buena oportunidad para abrir el debate sobre las amenazas que se ciernen sobre el territorio español y la necesidad de mantener un gasto militar tan elevado.

Artículo original aquí.

Las operaciones militares que marcaron historia en el gobierno Uribe y otros asuntos en seguridad.

Al día siguiente de asumir el cargo, 8 de agosto de 2002, el presidente Uribe viajó a Valledupar y lanzó allí su política de seguridad democrática, una estrategia que marcaría sus 8 años de Gobierno.

Hacer un balance sobre el estado actual de la Farc, tras ocho años de duro enfrentamiento con los gobiernos presididos por Álvaro Uribe Vélez es un desafío importante ya que las cifras disponibles no siempre son consistentes y las informaciones abiertas al público son fragmentarias, imprecisas y ocultan sesgos importantes. Pero lo es más porque existe siempre la tentación de formular conclusiones a cuestiones de alto interés nacional -¿es alcanzable la paz?- a partir de información que poco aclara la intención política de las partes en conflicto.

En todo caso, es necesario afirmar que la guerrilla de la Farc ha sufrido un debilitamiento sustancial en lo concerniente a su capacidad militar. Entre 2002 y abril de 2010, las estadísticas oficiales indican que se abatieron 13.703 guerrilleros, se produjo la captura de más de 36 mil insurgentes y la desmovilización de otros 18 mil.

Aún si las guerrillas contaran con la flexibilidad necesaria para renovar sus bases en un 84 por ciento (de cada 100 guerrilleros muertos, capturados o que abandonan sus filas se podrían incorporar 84 nuevos), según indica un estudio de la Universidad Nacional, éstos son jóvenes menores de 18 años, sin experiencia de combate o ideología. En tales condiciones, los nuevos reclutas serían indiferentes a engrosar las filas de cualquier grupo armado competidor – ‘Águilas Negras’, narcotraficantes, grupos delincuenciales, los cuales ofrecen condiciones de ingreso similares – lo cual pone en tela de juicio la solidez de sus vínculos con las guerrillas.

Algunos analistas estiman que las Farc sufrieron una reducción del 50 por ciento de su pié de fuerza en el período. De la misma manera, ha perdido la mitad de sus frentes de combate (de 66 a 33) y un número importante de cuadros medios, vitales para la conducción de la guerra. Adicionalmente, han caído en combate o han sido apresados por el Gobierno ocho miembros del Estado Mayor Central y tres del Secretariado, un fortísimo golpe a la estructura de conducción estratégica de esta guerrilla.

Como si fuera poco, el investigador Camilo Echandía estima que las Farc han experimentado una caída de ingresos del 60 por ciento desde 2002. Aunque ésta organización hace presencia en zonas de cultivos ilícitos, enclaves agrícolas y zonas de explotación petrolera y minera, no ha podido consolidar su dominio ni puede sostener operaciones militares prolongadas en ellas. También es evidente que las cadenas de aprovisionamiento logístico, las comunicaciones y el acceso a recursos para continuar la guerra han sido debilitadas.

Todo ello explica la urgencia del repliegue estratégico de las Farc, su retorno a las prácticas de guerra de guerrillas, el minado de extensos territorios, el recurso a francotiradores y a los ataques selectivos en un intento por desmoralizar a las tropas, en fin, su decisión de persistir en el sabotaje para presionar el pago de extorsión (25 atentados contra los oleoductos y 52 contra las torres de energía en los cuatro primeros meses de 2010).

Tras ocho años de guerra contra las Farc, ésta organización tiene no solo poco margen de maniobra militar y un muy reducido espacio de maniobra política, a pesar de su eventual presencia internacional.

Son pobres las perspectivas para esta organización vivan como pez en el agua. Lo trágico, como me lo advirtió un amigo, es que el país aún no cuente con un nombre para la victoria.

JAVIER TORRES V.
Coordinador Doctorado en Estudios Políticos, U. Externado

Fuente original de este artículo: EL TIEMPO.

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