Zimbabue: Las mujeres al frente de las protestas contra la política del gobierno se enfrentan a una represión cada vez mayor

Aumenta la represión contra las mujeres zimbabuenses que, con su activismo, plantan cara al gobierno ante la crisis cada vez más grave de derechos económicos y sociales de este país, según el informe publicado hoy, miércoles 25 de julio, por Amnistía Internacional.

El informe de la organización da a conocer los resultados de una misión de investigación de tres semanas durante las cuales los delegados de Amnistía Internacional entrevistaron a un gran número de mujeres de diversas edades residentes tanto en centros urbanos como en zonas rurales de todo Zimbabue.

«El gobierno de Zimbabue debe abordar los problemas económicos y sociales subyacentes que son lo que motiva las protestas de estas mujeres, y no atacarlas y criminalizar sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos», ha señalado Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional.

En Zimbabue, Amnistía Internacional habló con mujeres activistas que constituyen la mayor parte de los cientos de defensores y defensoras de derechos humanos zimbabuenses víctimas de detención y reclusión arbitrarias por haber participado en marchas o reuniones de protesta pacíficas en los dos últimos años. Los delegados hablaron con muchas mujeres que se convirtieron en defensoras de derechos humanos después de que el gobierno de Zimbabue violara reiteradamente los suyos.

Casi todas las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional declararon haber sufrido palizas y otros malos tratos, que en algunos casos equivalían a tortura, bajo custodia policial. Gran parte de los abusos incluye insultos sexistas y acusaciones despectivas destinadas a desprestigiar su reputación y su trabajo. Algunas han sido recluidas estando embarazadas o con sus hijos en unas condiciones deplorables, muy por debajo de las estipuladas por las normas internacionales de derechos humanos.

«Las mujeres zimbabuenses han demostrado poseer una resistencia, un valor y una determinación increíbles frente a la creciente represión impuesta por el gobierno. Son conscientes de los peligros que corren pero se niegan a dejarse intimidar y sucumbir a la sumisión», ha dicho Irene Khan.

Las mujeres activistas señalaron a Amnistía Internacional que la policía a menudo las acusaba de estar siendo utilizadas por los gobiernos británico y estadounidense para derrocar al gobierno de Zimbabue y de ser agentes de un cambio de régimen. A estas acusaciones a menudo le siguen palizas aleatorias y algunas mujeres han sufrido lesiones graves y fractura de miembros.

«El gobierno de Zimbabue no sólo acusa falsamente a las mujeres activistas: tampoco reconoce el papel que juega en la creación de la situación desesperada que viven estas mujeres», ha añadido Irene Khan. «Una de las formas en que el gobierno hace esto es negar una relación causal directa entre sus políticas y la pobreza cada vez más profunda y la crisis de derechos humanos cada vez más grave que se vive en el país».

Clara, viuda de 60 años de la provincia de Masvingo, pertenece a la Coalición de Mujeres (Women’s Coalition), una organización de derechos humanos de mujeres. Durante un acto celebrado en su comunidad en 2003, Clara denunció la discriminación contra los considerados simpatizantes de partidos de la oposición a la hora de distribuir ayuda alimentaria en su aldea. Representantes del partido en el poder local la acusaron de pertenecer al Movimiento por el Cambio Democrático (MDC, por sus siglas en inglés). Hasta hoy, Clara sigue sin poder comprar maíz a la Junta de Comercialización de Cereales (GMB, por sus siglas en inglés).

«Las mujeres de Zimbabue exigen el respeto y la protección de sus derechos humanos y de los derechos de los miembros de sus comunidades, lo que a menudo las expone a graves medidas represivas, entre ellas la detención arbitraria y la tortura», ha señalado Irene Khan.

«El trato dispensado a las mujeres defensoras de derechos humanos bajo custodia ha tenido consecuencias nefastas para las mujeres y sus familias, especialmente para los niños, que se quedan sin nadie que les cuide».

Las mujeres de zonas tanto rurales como urbanas de Zimbabue tienen cada vez más dificultades para comprar alimentos, para pagar la atención médica y para ganar un sueldo con que mantener a sus familias. La mayoría de las afectadas por la represión del gobierno en el sector empresarial no estructurado en 2005 eran mujeres pobres.

Los delegados de Amnistía Internacional fueron testigos de la desesperación causada por el aumento diario de los precios de artículos de primera necesidad como alimentos y transporte, al tiempo que los sueldos de la mayoría de las personas permanecen inalterados. En todos los lugares visitados por la organización, las mujeres intentaban desesperadamente vender sus productos y al mismo tiempo evitar ser detenidas y que la policía los confiscara.

Muchas mujeres defensoras de derechos humanos no pueden comprar maíz a la GMB simplemente porque pertenecen a organizaciones de derechos humanos o denuncian la discriminación u otras violaciones cometidas en sus comunidades, lo que conculca su derecho a una alimentación adecuada.

«Los jefes de Estado de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral deben redoblar sus esfuerzos para poner fin a las violaciones de derechos humanos en Zimbabue», ha dicho Irene Khan. «En su próxima cumbre, que tendrá lugar en Zambia en agosto de 2007, los dirigentes de la Comunidad de Desarrollo deberían insistir en que el presidente Mugabe ponga fin de inmediato a la intimidación, los malos tratos, la tortura y el hostigamiento de personas que critican las políticas del gobierno».

«Las mujeres activistas son un recurso importante para el desarrollo de Zimbabue y así es como deben ser consideradas por el gobierno. Juegan un papel fundamental a la hora de abordar los muchos retos en materia de derechos humanos a los que se enfrenta el país. El gobierno debe reconocer la legimitidad de su trabajo y acabar con la discriminación contra las mujeres».

Nota para periodistas:
Delegados de Amnistía Internacional han efectuado reiteradas solicitudes -tanto en persona como por escrito- para reunirse con funcionarios del Estado y hablar de sus motivos de preocupación, pero en todas las ocasiones la entrevista les fue denegada.

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Documento público

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