En noviembre del año 2000, bajo las órdenes del entonces delegado del Gobierno Francisco Javier Ansuátegui, reprimieron brutalmente a un grupo de manifestantes que realizaba una sentada pacífica en las escaleras del Congreso de los Diputados, desplegando una pancarta para pedir la abolición de la Deuda Externa de los países empobrecidos. La policía reprimió duramente a las personas sentadas frente a la Cámara Baja, con resultado de 59 personas lesionadas, 14 de ellas graves y 45 leves, además de 7 detenidos.

Podéis ver algunos instantes de la acción policial en este enlace.

Ocho años después comienza el juicio contra los policías que agredieron a manifestantes contra la deuda externa durante el transcurso de un acto pacífico frente al Congreso.

Del 9 al 20 de febrero 2009 tendrán lugar las vistas del juicio (Audiencia Provincial de Madrid, C/Santiago de Compostela nº 96/98; Sección 3ª; 5ª Planta) a cinco policías, dos de ellos mandos.

La inexplicable actuación policial contra los manifestantes a base de porrazos, patadas, insultos y pelotas de goma a corta distancia, fue ampliamente difundida por los medios de comunicación y cuestionada por el entonces ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, quien, en una comparecencia en el Congreso y ante varias preguntas parlamentarias, reconoció que hubo un comportamiento “excesivo” por parte de la policía.

Ocho años después, cinco policías se sentarán en el banquillo para responder a las acusaciones de lesiones y detención ilegal que les presentan más de 40 personas de todo el Estado.

Los denunciantes manifestamos el deseo de:

* Recordar de nuevo el motivo de aquel acto, e instar al Gobierno español a abolir la Deuda Externa que tienen con nosotros contraída los países empobrecidos. * Hacer pública la tardanza en el proceso judicial de la denuncia planteada por los manifestantes agredidos. * Evitar la impunidad de la policía nacional que se extralimitó y ensañó contra manifestantes pacíficos. * Exigir la responsabilidad política de quienes ordenaron dicha represión contra los ciudadanos. * Denunciar la criminalización sistemática de los movimientos sociales.

Más información.

Madrid, 4-02-2009.